LA CONVENCIÓN DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA insta a los Estados parte a establecer Sistemas Nacionales de Áreas Naturales Protegidas en su territorio. Para determinar qué espacios son representativos de la biodiversidad se requiere una aproximación científica, sistemática y coherente. No se trata de establecer como área protegida a un paisaje solo porque es bonito -aunque los valores estéticos son importantes-, sino a los sitios más valiosos y representativos en términos de biodiversidad.
Debido a que nuestro país es biológica mente megadiverso, la muestra representativa no se puede encontrar en una sola ANP. Se requiere más bien de un conjunto de áreas distribuidas por todo el país para que la muestra sea lo más amplia y provechosa posible. Asimismo, el concepto de Sistema de Áreas Naturales Protegidas debe incluir también a los diferentes actores sociales que actúan en y sobre las áreas, sus relaciones entre sí y el marco legal e institucional que lo hacen posible.
Por otro lado, el correcto manejo de la conservación de la biodiversidad no puede lograrse manteniendo en buen estado únicamente a las ANP y olvidándose del resto del territorio. Hay una interacción permanente y la toma de conciencia debe ser lo más amplia posible. En primer lugar, porque las ANP no contienen toda la diversidad biológica y, en segundo lugar, porque la diversidad contenida en las ANP estaría en peligro si su entorno sufriera una degradación ambiental. Como Sistema, entonces, se debe buscar la complementariedad entre las áreas, con integración y conectividad, a través de diversos instrumentos, como el establecimiento de áreas de conservación de nivel regional y municipal, y áreas de conservación privadas, que pueden incluir tierras comunales.
CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE ANP Debido a que el establecimiento y mantenimiento de las ANP no es un asunto sencillo y genera muchos costos, la muestra debe ser lo más eficiente posible, por lo que se requiere de una cuidadosa planificación para la selección de ANP, para lo cual se ha desarrollado un conjunto de criterios biológicos y ecológicos que deben ser aplicados de manera integral y que incluyen los siguientes aspectos:
·Sitios con alta riqueza de especies.
·Sitios con altos índices de endemismos (especies que no existen en otros lugares) y/o de especies de limitada distribución.
· Concurrencia de especies amenazadas, en peligro de extinción o con poblaciones reducidas.
·Sitios claves para reproducción, alimentación o descanso de especies migratorias y especies de comportamiento gregario.
·Comunidades naturales prioritarias y hábitats amenazados. • Sitios importantes para procesos ecológicos y evolutivos.
Criterios como tamaño, forma, conectividad, potencial de amortiguación y potencial para restauración ecológica son también empleados en los procesos de selección, en el caso de lugares valiosos pero muy intervenidos. Es en función de ello que se inician los procesos para determinar seguidamente la viabilidad social del establecimiento del área protegida. Finalmente, es la intersección entre las necesidades biológicas y la viabilidad social, lo que finalmente determina la extensión y límites, e incluso en ocasiones la categoría, del área a establecerse como parte del Sistema.
La normatividad peruana reconoce tres niveles de áreas protegidas, en función de los tres niveles de administración: nacional, regional y municipal, además de los privados.
DESARROLLO DEL SINANPE
y LOS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS
El actual Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sinanpe) es fruto de más de cuarenta años de trabajo y responde a una razonablemente buena planificación. Con respecto a lo priorizado en el Plan Director del Sistema, elaborado en 1995, se tienen avances sustantivos: el plan identificó 38 zonas prioritarias para la conservación, de las cuales 20 se encontraban por lo menos medianamente representadas en el Sistema Nacional en ese entonces vigente. Por tanto, 18 sitios deberían ser establecidos. De ellos, cinco han sido declarados por lo menos Zonas Reservadas y cinco cuentan ya con categoría definitiva. De los ocho restantes, por lo menos cuatro se encuentran en proceso de establecimiento. La entidad encargada de la gestión del Sinanpe es el Instituto Nacional de Recursos Naturales (lnrena).
Además del Sinanpe, se espera también que los gobiernos regionales y municipales cuenten con sus propias áreas protegidas de acuerdo a sus prioridades y necesidades, dentro de sus estrategias de desarrollo. La complejidad del proceso de descentralización y consolidación de regiones y esquemas municipales, aún no concluido, posiblemente ha limitado este desarrollo. Pese a ello, se cuenta ya con tres áreas de conservación regional y más de cincuenta áreas de conservación municipal. Algunas regiones, como Loreto, han establecido, inclusive formalmente, Programas Regionales para la gestión de estas áreas. En cuanto al ámbito de los propietarios, se cuenta ya con ocho áreas de conservación privadas, reconocidas por el Estado, que incluyen tanto predios individuales como comunales, lo cual es una positiva indicación de la utilidad y atractivo de este modelo para la conservación.
ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO
Son territorios adyacentes a las Áreas Naturales Protegidas que, por su naturaleza y ubicación, requieren de un tratamiento especial que garantice su conservación, a fin de evitar o minimizar los impactos sobre el ANP por causa de las actividades que allí se realicen. No se trata de una ampliación del ANP, pero sí de la influencia de la autoridad del Sistema. Los límites y tamaño de la Zona de Amortiguamiento son definidos para cada ANP en su Plan Maestro, aunque pueden serio también mediante resolución jefatura del lnrena como autoridad nacional de las ANP.
Lo ideal es que las Zonas de Amortiguamiento se dediquen a usos lo más compatible posibles con el área protegida a la que se vinculan, para reducir las presiones externas sobre esta y contribuir a la conectividad entre áreas, de tal manera que se puedan conformar mosaicos de áreas de protección y áreas de aprovechamiento sostenible, aunque no sean legalmente protegidas. En ese contexto, el reglamento se inclina por las actividades forestales, incluyendo reforestación, el manejo de fauna, el ecoturismo y similares. Ello, sin embargo, no impide el desarrollo de otras actividades, aunque sí implica exigencias especiales en sus estudios de impacto ambiental.
FINANCIAMIENTO DE LAS ANP
La gestión eficaz de las ANP, a fin de cumplir sus múltiples objetivos y ser puestas efectivamente al servicio de la sociedad, requiere no solo de personal comprometido y bien capacitado, sino de los recursos económicos necesarios para esta labor. Las ANP sufren una situación crónica de subfinanciamiento, siendo cada vez mayor la diferencia entre lo asignado por el presupuesto público y las necesidades de las áreas.
Afortunadamente, se cuenta con la cooperación internacional bi y multilateral, así como de instituciones privadas de conservación -internacionales y nacionales-, que en conjunto representan aproximadamente el 82% del presupuesto anual del Sistema. E118% restante corresponde a ingresos recaudados por las propias áreas (9%) y a recursos asignados directamente por el presupuesto público (9%). Sin embargo, aunque en el año 2005 el total del presupuesto asignado para el Sistema fue de US$ 18.058.893, las necesidades reales de financiamiento ascendieron a US$ 38.683.242, lo que evidenciaba una brecha de US$ 20.624.349.
El presupuesto público debería ser incrementado para garantizar la sostenibilidad del Sistema, más aún si consideramos que es la única fuente estable de financiamiento, y que por ahora solo contribuye con aproximadamente US$ 1,7 millones. La sostenibilidad financiera del sistema asegurará también la provisión efectiva de bienes y servicios a la sociedad, como: recreación, acceso para fines científicos, aprovechamiento sostenible de recursos, etc.
Debido a que nuestro país es biológica mente megadiverso, la muestra representativa no se puede encontrar en una sola ANP. Se requiere más bien de un conjunto de áreas distribuidas por todo el país para que la muestra sea lo más amplia y provechosa posible. Asimismo, el concepto de Sistema de Áreas Naturales Protegidas debe incluir también a los diferentes actores sociales que actúan en y sobre las áreas, sus relaciones entre sí y el marco legal e institucional que lo hacen posible.
Por otro lado, el correcto manejo de la conservación de la biodiversidad no puede lograrse manteniendo en buen estado únicamente a las ANP y olvidándose del resto del territorio. Hay una interacción permanente y la toma de conciencia debe ser lo más amplia posible. En primer lugar, porque las ANP no contienen toda la diversidad biológica y, en segundo lugar, porque la diversidad contenida en las ANP estaría en peligro si su entorno sufriera una degradación ambiental. Como Sistema, entonces, se debe buscar la complementariedad entre las áreas, con integración y conectividad, a través de diversos instrumentos, como el establecimiento de áreas de conservación de nivel regional y municipal, y áreas de conservación privadas, que pueden incluir tierras comunales.
CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE ANP Debido a que el establecimiento y mantenimiento de las ANP no es un asunto sencillo y genera muchos costos, la muestra debe ser lo más eficiente posible, por lo que se requiere de una cuidadosa planificación para la selección de ANP, para lo cual se ha desarrollado un conjunto de criterios biológicos y ecológicos que deben ser aplicados de manera integral y que incluyen los siguientes aspectos:
·Sitios con alta riqueza de especies.
·Sitios con altos índices de endemismos (especies que no existen en otros lugares) y/o de especies de limitada distribución.
· Concurrencia de especies amenazadas, en peligro de extinción o con poblaciones reducidas.
·Sitios claves para reproducción, alimentación o descanso de especies migratorias y especies de comportamiento gregario.
·Comunidades naturales prioritarias y hábitats amenazados. • Sitios importantes para procesos ecológicos y evolutivos.
Criterios como tamaño, forma, conectividad, potencial de amortiguación y potencial para restauración ecológica son también empleados en los procesos de selección, en el caso de lugares valiosos pero muy intervenidos. Es en función de ello que se inician los procesos para determinar seguidamente la viabilidad social del establecimiento del área protegida. Finalmente, es la intersección entre las necesidades biológicas y la viabilidad social, lo que finalmente determina la extensión y límites, e incluso en ocasiones la categoría, del área a establecerse como parte del Sistema.
La normatividad peruana reconoce tres niveles de áreas protegidas, en función de los tres niveles de administración: nacional, regional y municipal, además de los privados.
DESARROLLO DEL SINANPE
y LOS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS
El actual Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sinanpe) es fruto de más de cuarenta años de trabajo y responde a una razonablemente buena planificación. Con respecto a lo priorizado en el Plan Director del Sistema, elaborado en 1995, se tienen avances sustantivos: el plan identificó 38 zonas prioritarias para la conservación, de las cuales 20 se encontraban por lo menos medianamente representadas en el Sistema Nacional en ese entonces vigente. Por tanto, 18 sitios deberían ser establecidos. De ellos, cinco han sido declarados por lo menos Zonas Reservadas y cinco cuentan ya con categoría definitiva. De los ocho restantes, por lo menos cuatro se encuentran en proceso de establecimiento. La entidad encargada de la gestión del Sinanpe es el Instituto Nacional de Recursos Naturales (lnrena).
Además del Sinanpe, se espera también que los gobiernos regionales y municipales cuenten con sus propias áreas protegidas de acuerdo a sus prioridades y necesidades, dentro de sus estrategias de desarrollo. La complejidad del proceso de descentralización y consolidación de regiones y esquemas municipales, aún no concluido, posiblemente ha limitado este desarrollo. Pese a ello, se cuenta ya con tres áreas de conservación regional y más de cincuenta áreas de conservación municipal. Algunas regiones, como Loreto, han establecido, inclusive formalmente, Programas Regionales para la gestión de estas áreas. En cuanto al ámbito de los propietarios, se cuenta ya con ocho áreas de conservación privadas, reconocidas por el Estado, que incluyen tanto predios individuales como comunales, lo cual es una positiva indicación de la utilidad y atractivo de este modelo para la conservación.
ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO
Son territorios adyacentes a las Áreas Naturales Protegidas que, por su naturaleza y ubicación, requieren de un tratamiento especial que garantice su conservación, a fin de evitar o minimizar los impactos sobre el ANP por causa de las actividades que allí se realicen. No se trata de una ampliación del ANP, pero sí de la influencia de la autoridad del Sistema. Los límites y tamaño de la Zona de Amortiguamiento son definidos para cada ANP en su Plan Maestro, aunque pueden serio también mediante resolución jefatura del lnrena como autoridad nacional de las ANP.
Lo ideal es que las Zonas de Amortiguamiento se dediquen a usos lo más compatible posibles con el área protegida a la que se vinculan, para reducir las presiones externas sobre esta y contribuir a la conectividad entre áreas, de tal manera que se puedan conformar mosaicos de áreas de protección y áreas de aprovechamiento sostenible, aunque no sean legalmente protegidas. En ese contexto, el reglamento se inclina por las actividades forestales, incluyendo reforestación, el manejo de fauna, el ecoturismo y similares. Ello, sin embargo, no impide el desarrollo de otras actividades, aunque sí implica exigencias especiales en sus estudios de impacto ambiental.
FINANCIAMIENTO DE LAS ANP
La gestión eficaz de las ANP, a fin de cumplir sus múltiples objetivos y ser puestas efectivamente al servicio de la sociedad, requiere no solo de personal comprometido y bien capacitado, sino de los recursos económicos necesarios para esta labor. Las ANP sufren una situación crónica de subfinanciamiento, siendo cada vez mayor la diferencia entre lo asignado por el presupuesto público y las necesidades de las áreas.
Afortunadamente, se cuenta con la cooperación internacional bi y multilateral, así como de instituciones privadas de conservación -internacionales y nacionales-, que en conjunto representan aproximadamente el 82% del presupuesto anual del Sistema. E118% restante corresponde a ingresos recaudados por las propias áreas (9%) y a recursos asignados directamente por el presupuesto público (9%). Sin embargo, aunque en el año 2005 el total del presupuesto asignado para el Sistema fue de US$ 18.058.893, las necesidades reales de financiamiento ascendieron a US$ 38.683.242, lo que evidenciaba una brecha de US$ 20.624.349.
El presupuesto público debería ser incrementado para garantizar la sostenibilidad del Sistema, más aún si consideramos que es la única fuente estable de financiamiento, y que por ahora solo contribuye con aproximadamente US$ 1,7 millones. La sostenibilidad financiera del sistema asegurará también la provisión efectiva de bienes y servicios a la sociedad, como: recreación, acceso para fines científicos, aprovechamiento sostenible de recursos, etc.
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